Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos
Unión de Uniones
Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos se constituye en septiembre de 2008 como una Organización Profesional Agraria de ámbito estatal y sin ánimo de lucro.
ID: 643875852019-50
Lobbying Activity
Response to Land use, land use change and forestry – establishing trajectories towards 2030
12 Dec 2025
Unión de Uniones agradece la oportunidad de presentar observaciones sobre el proyecto de Reglamento de Ejecución que fija los valores límite anuales de absorciones netas para los Estados miembros en el periodo 2026-2029. España comparte los objetivos climáticos de la Unión, pero considera imprescindible que la metodología y la interpretación de las trayectorias reflejen adecuadamente las características biofísicas y estructurales de los sectores agrario y forestal de cada Estado miembro. En primer lugar, solicitamos que la metodología incorpore de forma explícita la elevada exposición de España a sequías prolongadas, incendios de gran magnitud y mortalidad forestal asociada al estrés hídrico. El Anexo asigna a España uno de los mayores sumideros de la Unión, con valores entre 57,9 y 60,6 Mt CO eq., superiores incluso a los de países con condiciones mucho más favorables. Dado que el sumidero español es especialmente vulnerable a perturbaciones naturales no atribuibles a la gestión, resulta imprescindible establecer criterios homogéneos de ajuste automático cuando dichas perturbaciones alteren la trayectoria, evitando penalizaciones injustificadas a los Estados con climas mediterráneos o semiáridos. En segundo lugar, consideramos que las trayectorias no deben basarse en expectativas de incremento del carbono en suelo que no sean agronómicamente alcanzables en condiciones de aridez estructural. La menor productividad primaria, la irregularidad de las lluvias y la elevada mineralización estival limitan la capacidad de acumulación de carbono en los suelos españoles. Un enfoque lineal conduce a objetivos desproporcionados en comparación con regiones atlánticas o centroeuropeas, por lo que solicitamos parámetros de referencia diferenciados para regiones semiáridas. En tercer lugar, es necesario clarificar el tratamiento de los cambios de uso del suelo y de los procesos de regeneración natural tras el abandono agrario. La falta de precisión metodológica puede generar inseguridad jurídica y efectos indeseados sobre las decisiones de gestión, especialmente en un país donde las absorciones dependen en gran medida de dinámicas territoriales complejas. En cuarto lugar, pedimos garantizar la coherencia entre las trayectorias UTCUTS y la PAC. España afronta uno de los mayores esfuerzos absolutos de absorción, pero los instrumentos actuales de la PAC no están diseñados para asumir obligaciones de tal magnitud sin financiación adicional. Cualquier exigencia adicional debe canalizarse mediante instrumentos financiados y voluntarios, evitando cargas no remuneradas para agricultores y ganaderos. En quinto lugar, solicitamos que la metodología reconozca el papel estratégico de la ganadería extensiva y de los sistemas agroforestales mediterráneos, que contribuyen a la estabilidad del sumidero, a la reducción del riesgo de incendios y a la conservación activa del territorio, desplazando además el carbono hacia compartimentos más estables. Por último, pedimos que la Comisión evalúe la proporcionalidad del esfuerzo asignado a España en comparación con otros Estados miembros. Países con mayor potencial forestal y menor riesgo climático afrontan trayectorias más estables, mientras que España debe sostener un sumidero muy elevado en condiciones climáticas cada vez más adversas. La lógica del Reglamento UTCUTS debería garantizar que los objetivos nacionales reflejen tanto la ambición climática como la capacidad realista de absorción de cada territorio.
Read full response9 Dec 2025
Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos acoge positivamente la posibilidad de formular observaciones al proyecto de Reglamento de Ejecución que modifica el Reglamento (UE) 2022/1173, relativo al sistema integrado de gestión y control de la PAC, y presenta las siguientes consideraciones. Valoramos la orientación del proyecto hacia la simplificación administrativa, en particular la supresión de la referencia al uso de productos fitosanitarios en la solicitud geoespacial. La experiencia de los primeros años de aplicación del artículo 8, apartado 3, letra f), muestra que exigir información detallada sobre tratamientos fitosanitarios supone una carga adicional para los agricultores, duplicando la obligación de registro ya establecida en el Reglamento (CE) 1107/2009. La eliminación de esta duplicidad evita que posibles incumplimientos formales en materia de productos fitosanitarios afecten indirectamente a la admisibilidad de las ayudas PAC. No obstante, la supresión de la obligación no debería impedir que los Estados miembros puedan ofrecer, de forma voluntaria para los agricultores, funcionalidades digitales que faciliten el registro electrónico de tratamientos, siempre sin efectos sobre la elegibilidad de las ayudas ni como fuente para imponer sanciones. Una referencia explícita de la Comisión en este sentido orientaría futuras herramientas digitales hacia soluciones realmente simplificadoras. Respecto a la nueva redacción de los artículos 1 y 2 del Reglamento (UE) 2022/1173, subrayamos la importancia de que la evaluación de calidad del sistema de identificación de parcelas, de la solicitud geoespacial y del sistema de monitorización sea un instrumento de mejora y no una vía indirecta de presión sancionadora. Es esencial que las deficiencias atribuibles a los sistemas administrativos o técnicos no se trasladen a los agricultores, que son usuarios finales, pero no responsables del diseño de dichos sistemas. Por ello, proponemos que la Comisión aclare que los planes de acción previstos en el artículo 2 reformado y en el artículo 42 del Reglamento (UE) 2021/2116 deben centrarse en corregir fallos de sistema y reforzar capacidades administrativas y tecnológicas, evitando cualquier efecto retroactivo o colectivo sobre los beneficiarios. Las correcciones financieras derivadas de deficiencias de los sistemas de identificación y monitorización no deben implicar recuperaciones automáticas de ayudas, salvo cuando exista una irregularidad individual acreditada. Dada la creciente relevancia de los sistemas de monitorización y de la solicitud geoespacial para la gestión de la PAC, consideramos indispensable que agricultores y organizaciones representativas sean consultados de manera sistemática sobre su funcionamiento práctico. La calidad de estos sistemas no puede evaluarse solo mediante análisis de imágenes o controles sobre el terreno; debe incorporar la experiencia de los usuarios respecto a accesibilidad, estabilidad, claridad de las interfaces, tiempos de respuesta y capacidad de corregir errores sin menoscabar el derecho a la ayuda. Finalmente, insistimos en que la simplificación administrativa debe guiar cualquier futura iniciativa que pretenda vincular el SIGC con otras obligaciones ambientales o sectoriales. El uso de herramientas digitales no debe generar nuevas capas de complejidad ni alejar a los agricultores del objetivo principal de la PAC: apoyar la renta agraria y promover la sostenibilidad económica, ambiental y social de las explotaciones. Solicitamos a la Comisión que mantenga un diálogo estrecho con el sector para valorar el impacto real de nuevas exigencias de información sobre el tiempo, los costes y la seguridad jurídica de los agricultores.
Read full responseResponse to Modification of rules on organic trade and simplification
18 Nov 2025
Convocatoria de Datos de la Comisión Europea Producción ecológica: simplificación y actualizaciones específicas Comentarios de Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos Registro de Transparencia 643875852019-50 Unión de Uniones valora el esfuerzo de la Comisión Europea por simplificar la normativa de producción ecológica y reducir cargas administrativas, a la espera de conocer los textos legislativos. En todo caso, considera imprescindible que esta simplificación no comprometa la integridad, la trazabilidad ni la credibilidad del modelo ecológico europeo, ni genere desventajas competitivas frente a las importaciones de países terceros. El marco ecológico de la UE ha consolidado un modelo exigente y reconocido por su sostenibilidad y seguridad alimentaria. Su defensa requiere que todos los operadores, europeos o no, se sometan a las mismas reglas. Por ello, la organización sostiene que los productos importados como ecológicos deben cumplir exactamente las mismas normas de producción y control. La continuidad de los convenios de equivalencia no resulta necesaria, puesto que su finalización en diciembre de 2026 es conocida desde hace años y los países afectados han tenido tiempo para adaptarse al régimen de conformidad. No procede, por tanto, una prórroga generalizada. A partir de 2027, toda importación debería ajustarse al principio de conformidad plena, certificada por organismos autorizados conforme al Reglamento (UE) 2018/848. Unión de Uniones defiende que la futura revisión incluya cláusulas espejo en los acuerdos comerciales, de modo que ningún producto importado pueda competir como ecológico bajo estándares más laxos. El sistema de equivalencia ha permitido diferencias sustanciales en métodos de producción y tolerancias, generando distorsiones y debilitando la confianza del consumidor. La aplicación estricta del régimen de conformidad reforzaría la credibilidad del sello ecológico y garantizaría igualdad de condiciones para los productores europeos. La organización reclama controles rigurosos sobre certificadoras extranjeras, trazabilidad completa de los lotes importados mediante TRACES, y verificaciones documentales, de identidad y físicas en frontera, especialmente en orígenes con antecedentes de incumplimientos. Asimismo, considera necesario revisar las normas de etiquetado para asegurar que solo los productos producidos según las reglas europeas utilicen el logotipo ecológico de la UE y que el origen y el tipo de certificación sean claramente visibles cuando existan diferencias normativas. Unión de Uniones apoya también una simplificación normativa técnicamente sólida que facilite el cumplimiento, especialmente para pequeñas explotaciones y modelos extensivos, sin debilitar la disciplina ecológica. Las adaptaciones deben basarse en evidencia científica y tener en cuenta realidades productivas específicas, garantizando que la sostenibilidad ambiental no se alcance a costa de la sostenibilidad económica de las explotaciones. Finalmente, solicita reforzar la transparencia institucional mediante informes públicos periódicos que comparen controles a productos europeos e importados, auditorías a certificadoras externas y medidas adoptadas ante incumplimientos. La organización reitera su compromiso con una agricultura ecológica sólida y creíble y considera que avanzar hacia un sistema basado en conformidad plena, controles estrictos y cláusulas espejo es la mejor vía para proteger el modelo ecológico europeo y garantizar la confianza del consumidor.
Read full responseMeeting with Elvira Bakker (Head of Unit Agriculture and Rural Development)
13 Nov 2025 · Exchange of views on the Commission proposal for the Common Agriculture Policy for the period 2028-2034.
Meeting with Diana Riba I Giner (Member of the European Parliament) and Unió de Pagesos de Catalunya
12 Nov 2025 · CAP and management of the Infection with lumpy skin disease virus (LSD)
Response to Strategy on Intergenerational Fairness
11 Nov 2025
La Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos presenta sus observaciones a la Convocatoria de Datos de la Comisión Europea sobre una futura Estrategia de Equidad Intergeneracional, reivindicando que el campo europeo debe considerarse un elemento esencial del pacto entre generaciones. La agricultura y la ganadería son vistas como una herencia viva que garantiza alimentos, biodiversidad, empleo y cohesión territorial, y cuya continuidad resulta imprescindible para el bienestar de las generaciones futuras. 1. Relevo generacional. El envejecimiento del sector agrario constituye una amenaza estructural: solo el 11 % de los agricultores tiene menos de 40 años. Unión de Uniones subraya que la equidad intergeneracional pasa por asegurar el relevo generacional mediante un acceso real a la tierra, financiación y conocimiento, reforzando y simplificando las ayudas a la instalación. Propone políticas complementarias (vivienda, educación, servicios, conectividad) y mecanismos que faciliten tanto la entrada de jóvenes como la retirada ordenada de los mayores. Reclama además indicadores específicos edad media, tasa de sucesión, renta agraria real, calidad de servicios rurales que actúen como desencadenadores automáticos de medidas correctoras cuando los datos empeoren. 2. Territorio y cohesión rural. La equidad entre generaciones exige atender también a la dimensión territorial. La despoblación rural y la desigualdad en servicios son obstáculos que requieren una política rural fuerte y coherente, con financiación y ventajas fiscales similares a las de las regiones ultraperiféricas. Defiende la diversificación económica (agroindustria, turismo sostenible, economía circular) y la modernización de infraestructuras y conectividad. Reclama además una gobernanza participativa, con implicación de ayuntamientos, cooperativas y asociaciones agrarias en el diseño de la Estrategia. Mantener vivo el mundo rural es condición para una Europa equilibrada y sostenible. 3. Transición ambiental justa. La organización advierte que la sostenibilidad ambiental solo será viable si es socialmente justa. Los agricultores son los primeros interesados en conservar los recursos naturales, pero las políticas europeas recientes reducción de fitosanitarios, nuevas restricciones han aumentado costes e incertidumbre. Pide que toda medida ambiental se someta a una evaluación de impacto previa y científica, con participación del sector. Reivindica recursos suficientes, acompañamiento técnico y tiempos razonables, así como coherencia comercial: las exigencias ambientales europeas deben aplicarse también a los productos importados mediante cláusulas espejo. La sostenibilidad del futuro no puede basarse en la desaparición de los profesionales actuales. 4. Compromiso presupuestario. Ninguna estrategia será creíble sin financiación estable. La PAC, pese a ser una política clave para el suministro alimentario y la cohesión territorial, ha perdido peso presupuestario en términos reales. Unión de Uniones propone reforzar la dotación de la PAC en el próximo Marco Financiero Plurianual para reducir la brecha de renta, modernizar explotaciones y garantizar la resiliencia alimentaria. Invertir en la agricultura es una forma eficaz de asegurar justicia entre generaciones y estabilidad social. 5. Conclusión. La equidad intergeneracional no debe limitarse a declaraciones, sino concretarse en políticas que preserven el patrimonio agrario, social y cultural europeo. La Comisión debe integrar explícitamente el enfoque rural y productivo en la Estrategia, reconociendo el papel del campo como pilar de cohesión, sostenibilidad y prosperidad. La participación directa del sector agrario en la toma de decisiones y el seguimiento de la Estrategia resulta esencial. Mensaje final: invertir en los agricultores y ganaderos de hoy equivale a proteger la sociedad europea del mañana. Sin relevo, sin territorio rural y sin estabilidad agraria, no habrá verdadera equidad entre generaciones.
Read full responseMeeting with Vicent Marzà Ibáñez (Member of the European Parliament)
11 Nov 2025 · Updates on trade deals
Response to Circular Economy Act
6 Nov 2025
La futura Ley Europea de Economía Circular constituye una oportunidad para avanzar hacia un modelo productivo más eficiente y sostenible, pero debe hacerlo sin perjudicar la competitividad ni la viabilidad de las explotaciones agrarias. El sector agrario no es solo un generador de residuos, sino un actor central en la gestión sostenible de los recursos y en la bioeconomía circular. La agricultura y la ganadería transforman subproductos en nuevos recursos nutrientes, energía, alimentos y contribuyen a mantener la vitalidad del medio rural. La ley debería reconocer expresamente este papel y garantizar un marco normativo estable, coherente con la Política Agrícola Común (PAC) y adaptado a la diversidad de los territorios. Las medidas que se adopten deben mejorar la eficiencia de recursos, reducir costes y diversificar las fuentes de ingresos, evitando nuevas cargas administrativas o técnicas que afecten especialmente a las pequeñas y medianas explotaciones. Entre los ámbitos donde la circularidad agraria puede generar beneficios inmediatos destaca la gestión y valorización de nutrientes. Aprovechar estiércoles, purines y compost como fertilizantes orgánicos o productos de nitrógeno recuperado (RENURE) permite cerrar ciclos de materia y reducir la dependencia de fertilizantes minerales. Para ello se requiere una regulación europea armonizada, con criterios de calidad realistas y procedimientos simplificados que faciliten su uso y comercio. Asimismo, la valorización energética de los subproductos agroganaderos biogás y biometano debe ser un eje prioritario. Estas actividades reducen emisiones, mejoran la gestión de residuos y aportan autonomía energética y nuevas fuentes de renta en el medio rural. Su desarrollo exige un marco que facilite la integración de las plantas en el territorio y reconozca el valor del digestato como fertilizante circular. El uso sostenible del agua constituye otro pilar de la economía circular agraria. Promover la reutilización segura y económicamente viable del agua regenerada en la agricultura es clave para afrontar la sequía, siempre que las normas sean sencillas y los costes asumibles. La ley también debería apoyar la recogida y reciclaje de plásticos agrícolas, así como la reutilización de maquinaria y equipos eléctricos, garantizando sistemas de responsabilidad del productor adaptados al medio rural. Del mismo modo, debe fomentar la innovación y la formación, ayudando a las explotaciones a acceder a tecnologías que mejoren su eficiencia y reduzcan el uso de insumos externos. La economía circular debe ser una herramienta de cohesión territorial y de desarrollo rural. Las zonas rurales tienen el potencial para cerrar ciclos de materia y energía, creando empleo y evitando la despoblación. Por ello, la futura ley debería incluir mecanismos de apoyo específicos y una financiación propia, complementaria a la PAC, destinada a proyectos de circularidad agraria. Por último, la economía circular no puede limitarse al reciclaje: debe reforzar la autonomía alimentaria europea y aplicar el principio de reciprocidad, garantizando que los productos importados cumplan los mismos estándares que los europeos. Unión de Uniones defiende una Ley Europea de Economía Circular realista, coherente y viable, que fortalezca la competitividad, la rentabilidad y la sostenibilidad del campo europeo, apoyándose en la experiencia de quienes trabajan cada día por un uso responsable de los recursos naturales.
Read full responseResponse to Roadmap towards Nature Credits
30 Sept 2025
Desde Unión de Uniones valoramos positivamente la iniciativa de la Comisión Europea de abrir un proceso participativo para diseñar un sistema europeo de créditos de naturaleza que reconozca y remunere los beneficios ambientales derivados de prácticas sostenibles. Entendemos que, para que este mecanismo sea realmente útil para el sector agrario, debe construirse con criterios que prioricen la viabilidad económica de las explotaciones, especialmente las pequeñas y medianas, además de los beneficios climáticos o ecológicos que puedan derivarse. Recompensar los servicios ambientales a los agricultores y ganaderos es un principio sólido, pero la hoja de ruta aún carece de la claridad y de los elementos básicos necesarios para garantizar que el sistema funcione en la práctica. Un marco excesivamente genérico y sin análisis sólidos podría generar efectos no deseados, desviando los propios objetivos de sostenibilidad que pretende alcanzar. Una de las principales aportaciones del documento es el reconocimiento del papel que desempeñan agricultores y ganaderos como agentes activos en la conservación de la biodiversidad. Sin embargo, consideramos que la aplicación práctica de los créditos de naturaleza debe incorporar una serie de condiciones que garanticen que este nuevo sistema no suponga una carga adicional, sino una verdadera oportunidad para los productores. En suma, Unión de Uniones defiende que el sistema de créditos de naturaleza debe: - Reconocer la diversidad agraria europea. - Ser accesible administrativa y económicamente, sin cargas burocráticas innecesarias. - Estar gobernado de forma participativa y transparente. - Incluir salvaguardas frente al acaparamiento de tierras y distorsiones de mercado. - Complementar, y no sustituir, las políticas públicas de apoyo al campo. - Garantizar un retorno económico justo por los servicios ambientales prestados.
Read full responseResponse to European Climate Law amendment
15 Sept 2025
Comentarios de Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos Consulta pública sobre la propuesta de Reglamento por el que se modifica el Reglamento (UE) 2021/1119 para establecer un objetivo climático vinculante del 90 % de reducción neta de emisiones para 2040 Desde Unión de Uniones compartimos la preocupación por el cambio climático y la necesidad de una hoja de ruta hacia la neutralidad climática. Sin embargo, los objetivos intermedios (55 % para 2030 y 90 % para 2040) y el final (2050) generan dudas sobre su viabilidad técnica, impacto económico y repercusión en el sector agrario, ya sometido a fuertes exigencias y con dificultades crecientes para mantener su viabilidad. La propuesta carece de evaluación rigurosa sobre efectos en explotaciones pequeñas y medianas, que constituyen la base productiva y social de zonas rurales. Sin instrumentos financieros y técnicos adecuados, los objetivos pueden convertirse en cargas desproporcionadas y comprometer la seguridad alimentaria. El sector agrario debe ser considerado parte de la solución. Ha reducido emisiones mediante modernización de maquinaria, fertilización sostenible, gestión de estiércoles y cultivos conservacionistas. Estas contribuciones deben ser reconocidas y potenciadas. Se requieren incentivos claros y accesibles, un sistema de certificación sencillo para prácticas beneficiosas (cubiertas vegetales, rotación, agroforestería, agricultura ecológica, ganadería extensiva) y apoyo técnico y financiero, no solo exigencias. El campo no puede asumir en solitario los costes de la transición. Nuevas exigencias deben acompañarse de análisis de impacto económico y compensaciones específicas para sectores con más dificultades, evitando penalizaciones indirectas o reducciones en apoyos. El marco climático debe ser coherente con los objetivos fundacionales de la PAC: productividad, empleo, nivel de vida digno, estabilidad de mercados y seguridad alimentaria. La PAC ya ha incorporado obligaciones ambientales que han afectado a la viabilidad de las explotaciones, como mostraron las movilizaciones de 2024. No debe haber duplicidad de cargas ni incertidumbre jurídica. La adaptación agraria necesita plazos amplios y seguridad normativa. La sostenibilidad debe incluir la dimensión económica y social. Sin cláusulas espejo en acuerdos comerciales, la ambición climática de la UE generaría competencia desleal, pérdida de competitividad y riesgo de deslocalización de emisiones. Es necesario un apoyo específico para territorios más vulnerables, como zonas de montaña, ultraperiféricas o con envejecimiento del sector. Se requieren instrumentos de transición justa en el campo, incentivos a jóvenes y proyectos colectivos de adaptación. La gobernanza climática debe incluir de manera real al sector agrario. La Comisión no puede ignorar sus prioridades, como ha sucedido en el debate del Marco Financiero Plurianual 2028-2034. Los agricultores deben tener voz en la regulación y en los planes nacionales. La ambición climática requiere financiación proporcional. Con los actuales fondos PAC y los recortes propuestos en el MFP, es imposible sostener los compromisos. Es necesario reforzar la PAC y dotar recursos externos, estables y directamente accesibles para productores. Fondos como el MRR, Fondo Social para el Clima o Innovación, hoy poco accesibles a explotaciones familiares, deben simplificarse y adaptarse al sector. Conclusión: La ambición climática debe respetar los principios fundacionales de la PAC y basarse en justicia, proporcionalidad y viabilidad económica. El campo puede contribuir a la solución, pero no a costa de su supervivencia. Es imprescindible reconocer su aportación, asegurar financiación adecuada, evitar duplicidades normativas, garantizar participación en la gobernanza y exigir reciprocidad comercial a terceros países.
Read full responseResponse to Simplification of the implementation of CAP Strategic Plans
1 Aug 2025
Comentarios a la propuesta de Reglamento que modifica los Reglamentos 2021/2115 y 2021/2116 (PEPAC) La Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos, aunque valora positivamente la propuesta de posibilitar el uso de fondos del FEAGA y del FEADER para ayudas directas a los agricultores afectados por desastres naturales y fenómenos climáticos adversos, considera desproporcionado y discriminatorio para Estados miembros como España, dotar a todos los Estados miembros de un mismo o parecido porcentaje de fondos en el nuevo Anexo XV del Reglamento (UE) 2021/2115 respecto a las asignaciones totales por Estado de los fondos del FEAGA y del FEADER para el período 2023-2027. Como puso de relieve la Figura 5. Nivel de compensación requerido para los distintos Estados miembros (en euros corrientes), del Anexo 6 Gestión de riesgos del Documento de Trabajo de los Servicios de la Comisión, Evaluación de impacto, La PAC en el horizonte de 2020: Responder a los retos futuros en el ámbito territorial, de los recursos naturales y alimentario [COM(2010) 672 final], las necesidades anuales son muy dispares entre unos Estados miembros y otros, por lo que no debería haber una limitación financiera directa, más allá de la derivada de las asignaciones mínimas para diversos objetivos e intervenciones ya previstas en el Reglamento (UE) 2021/2115, dejando la opción de programación de fondos para este tipo de pagos a las autoridades competentes de cada Estado miembro.
Read full response17 Jul 2025
Comentario de Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos al borrador del Reglamento Delegado sobre monitorización de polinizadores Garantizar que nunca se generen costes adicionales ni nuevas obligaciones para el agricultor Unión de Uniones recuerda que el reglamento no debe trasladar al sector agrario ninguna carga financiera ni requerimientos administrativos más allá de lo previsto a las autoridades públicas. Los agricultores ya asumen el coste de cumplir con la normativa vigente sobre fitosanitarios, asesoramiento técnico, y trazabilidad. Cualquier muestreo que tenga lugar en sus fincas debe gestionarse sin implicar obligaciones legales adicionales, desplazamientos, ni tasas para ellos. Reconocer el uso responsable de fitosanitarios Tal como ha subrayado Unión de Uniones respecto al reglamento de uso sostenible de fitosanitarios, estos productos cuando son autorizados científicamente y regulados son imprescindibles para garantizar la calidad, rendimiento y sanidad de los cultivos. Los agricultores aplican exclusivamente agentes permitidos dentro de los límites marcados por la ciencia y la regulación. Cualquier correlación entre declive de polinizadores y uso de productos fitosanitarios debe abordarse con datos detallados, análisis causales y propuestas de mejora, no con restricciones unilaterales basadas en asociaciones no probadas. Evitar interferencias y respetar la actividad agrícola El acceso a fincas para instalar grabas o trampas debe estar consensuado, con aviso previo, sin interrumpir campañas agrícolas o laboreo, y sin generar trámites adicionales (por ej. notificaciones obligatorias). Las inspecciones deben ser respeto absoluto a la privacidad, seguridad y planificación de los agricultores. Valoración del potencial agronómico que aporta la polinización Unión de Uniones reconoce que los agricultores son los principales interesados en mantener altos niveles de polinización, ya que está vinculada directamente al rendimiento de frutas, semillas y frutos secos. Se debe incluir una mención explícita en el texto, reforzando que la profesión agraria comparte el objetivo del reglamento: conservar hábitats y prácticas compatibles con la diversidad de polinizadores, como setos vivos, cubiertas vegetales, manejo integrado de plagas (MIP) o rotaciones. No obstante, eso implica unos sobrecostes que deben ser compensados. Financiación del Monitoreo La propuesta de la Comisión prevé un presupuesto de 12,6 millones de euros, pero se trata de los costes simples de las tareas de monitoreo a realizar y los directamente asociados. Sin embargo, no se contempla ninguna medida en relación a compensar posibles afecciones a agricultores cuando los controles se lleven a cabo en terrenos de su propiedad. Teniendo en cuenta que en un principio el coste estimado en la evaluación de impacto del Reglamento de Restauración de la Naturaleza podía llegar hasta los 18,9 millones de euros, proponemos que la cantidad economizada en simplificación metodológica se mantenga y se destine a la colaboración de los agricultores. Vinculación con la PAC y apoyo a sistemas sostenibles Es esencial que los datos de los monitoreos realizados sean utilizados para reforzar medidas de apoyo a la agricultura sostenible, no como base para sancionar sin alternativas. Sugerimos que el reglamento incluya una cláusula de referencia a la PAC ecoesquemas y ayudas agroambientales, de manera que los agricultores que adopten buenas prácticas puedan ser compensados con coherencia. Evidentemente, los recursos destinados a la PAC para asumir nuevos elementos de sostenibilidad deben aumentarse en la proporción necesaria. Necesidad de formación y asistencia técnica Unión de Uniones considera que el reglamento debe exigir un plan de comunicación, formación y asistencia técnica a productores, para que comprendan los protocolos de instalación de trampas, criterios de selección de parcelas y mejoras agronómicas relacionadas con polinizadores. Ello evitará malentendidos, rechazados
Read full responseResponse to Modernisation of the EU legislation for on-farm animal welfare for certain animals
16 Jul 2025
El presente documento recoge las aportaciones de Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos a la convocatoria de datos por parte de la Comisión Europea para plantear una modernización de la legislación de bienestar animal en las explotaciones para determinados animales de la UE. Desde Unión de Uniones se reclama que cualquier reforma debe basarse exclusivamente en evidencia científica sólida y no en percepciones sociales sin sustento técnico. La eliminación de jaulas no siempre mejora el bienestar animal, y en muchos casos lo empeora, como demuestra la bibliografía científica recopilada. En cunicultura, estudios concluyen que los sistemas colectivos o en parques generan mayor estrés, agresividad, heridas, incremento de la mortalidad (hasta el doble o más), peores resultados reproductivos y mayor incidencia de enfermedades. En porcicultura, la libertad total de las cerdas en lactación incrementa significativamente la mortalidad por aplastamiento de los lechones. Además, se advierte sobre los elevados costes de adaptación sufridos por el sector tras la última reforma legislativa (Directiva 2008/120/CE) y los graves impactos socioeconómicos que nuevas exigencias podrían causar, especialmente en explotaciones familiares en zonas rurales. Para el sector avícola, daría una posible pérdida de capacidad productiva en la UE, el aumento de las importaciones de países con menores estándares de bienestar y los problemas logísticos y económicos que supondría cumplir las nuevas exigencias. Además, aplicar en la UE medidas más estrictas que las de países terceros, sin reciprocidad comercial, puede generar una fuga de bienestar animal, desplazando la producción a zonas con peores estándares. Así, se considera un aspecto esencial que deberá recogerse en cualquier nueva normativa, la exigencia de aplicación de las mismas normas de que las futuras propuestas legislativas sobre bienestar animal apliquen las mismas normas a los productos producidos en la UE que a los importados de terceros países, tal y como recoge la Visión para la Agricultura y la Alimentación, además de una transición con plazos adecuados, apoyo financiero y simplificación administrativa, para evitar el desmantelamiento del tejido productivo rural europeo.
Read full responseResponse to Generational renewal in agriculture
14 Jul 2025
Resumen técnico Comentarios de Unión de Uniones sobre la Estrategia Europea de Relevo Generacional (julio 2025) La Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos presenta sus aportaciones a la consulta pública sobre la futura Estrategia Europea de Relevo Generacional, destacando la necesidad de una intervención estructural, ambiciosa y coordinada que facilite la incorporación de jóvenes al sector agrario. La organización parte del diagnóstico del acusado envejecimiento del campo europeo con un 70 % de agricultores mayores de 55 años en España como un factor crítico para la sostenibilidad del modelo productivo. 1. Relevo profesional como principio rector Se plantea como eje central la priorización de los agricultores profesionales, entendidos como aquellos cuya actividad agraria constituye su fuente principal de renta y dedicación. Los apoyos públicos deben focalizarse en este perfil, al ser el que genera mayor impacto económico, social y ambiental, y presenta un compromiso estructural con el sector. 2. Condiciones estructurales para la incorporación La estrategia no puede reducirse a incentivos puntuales, sino que debe establecer un marco estable, digno y rentable para la actividad agraria. Se identifican los siguientes ámbitos críticos: Rentabilidad de la actividad: Se demanda garantizar precios remunerativos a través del reequilibrio de la cadena alimentaria, la mejora de la legislación contra prácticas desleales y la aplicación de cláusulas espejo frente a importaciones que incumplen estándares europeos. Condiciones laborales: Se señala la elevada penosidad del trabajo agrario, especialmente en sectores intensivos, y la necesidad de mejorar la conciliación y el reconocimiento profesional. Déficit de infraestructuras y servicios en el medio rural: Vivienda, conectividad digital, transporte, sanidad, educación y cultura. Seguridad jurídica y normativa: Se propone reducir la volatilidad legislativa en el marco de la PAC y otras políticas, mediante calendarios transitorios, mayor previsibilidad y marcos regulatorios estables. 3. Ámbitos prioritarios de actuación a) Acceso a la tierra Propuesta de creación de Entidades Públicas de Gestión de Tierras y de una Directiva europea de tenencia responsable, para evitar prácticas especulativas, fomentar la transparencia del mercado y facilitar el acceso equitativo. Establecimiento de incentivos a la cesión intergeneracional mediante ayudas económicas y beneficios fiscales, acompañados de sistemas de jubilación anticipada vinculados a la transmisión efectiva de explotaciones. Protección del suelo agrario frente a la presión de proyectos energéticos, mediante planificación territorial, ubicación preferente de instalaciones en suelos marginales e instrumentos de control público del uso del suelo. b) Acceso a la financiación Reforzamiento de entidades avalistas públicas, como SAECA, y creación de instrumentos financieros específicos en el marco de la PAC (créditos blandos, avales bonificados). Impulso a la simplificación administrativa y digitalización de procedimientos mediante ventanillas únicas integradas. Establecimiento de beneficios fiscales y reducciones de cargas sociales durante los primeros años de actividad. Implementación de sistemas de asesoramiento técnico y empresarial, con figuras de mentoría o tutores para la elaboración y seguimiento de los planes de instalación. 4. Evaluación y reforma del marco PAC Se señala que, pese a la existencia de instrumentos específicos, el impacto de la PAC sobre el relevo generacional ha sido limitado: Las ayudas a la instalación resultan insuficientes, complejas y sujetas a demoras excesivas. Se propone habilitar pagos anticipados del 50 % tras resolución favorable, reforzar la dotación presupuestaria y establecer un mínimo obligatorio de gasto destinado a jóvenes en los planes estratégicos de la PAC. Se cuestiona la focalización actual de las ayudas, señalando que buena parte de los pagos directos benefician a explotaciones
Read full responseResponse to Wine package: Implementation of the recommendations of the High-Level Group on wine policy
2 Jun 2025
Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos de España ha presentado su valoración crítica y constructiva a la propuesta de Reglamento sobre el Paquete Vitivinícola en el marco de la consulta pública de la Comisión Europea. Si bien reconoce el esfuerzo de la Comisión por abordar la crisis del sector, considera que las reformas planteadas son insuficientes y reclama una revisión estructural más ambiciosa del marco normativo vitivinícola europeo, que debería abordarse ya con vistas a la futura PAC 20282034. La organización defiende la necesidad de rediseñar en profundidad la Intervención Sectorial Vitivinícola (ISV), con mayor flexibilidad, agilidad y capacidad de ejecución de fondos, incorporando mecanismos para el uso plurianual de recursos no ejecutados y una corresponsabilidad real entre comunidades autónomas y Administración General del Estado. Entre sus propuestas, destaca la creación de un procedimiento específico para el arranque de viñedos vinculado al abandono definitivo de la actividad, financiado con fondos europeos extraordinarios y enfocado a productores sin relevo generacional. En cuanto a la reestructuración y reconversión del viñedo, plantea simplificar trámites, actualizar costes, adaptar la medida a las realidades agroclimáticas, elevar la cofinanciación hasta el 65% y priorizar variedades autóctonas y viñedos en vaso, introduciendo además criterios ambientales en la selección de proyectos. Propone también que la cosecha en verde se convierta en una medida estructural, dotada de financiación anual, con ayudas de hasta el 80% y mecanismos que eviten su uso desvirtuado como alternativa a la comercialización ordinaria. Se sugiere flexibilizar los requisitos técnicos de eliminación total de racimos en vendimia mecánica. Respecto a la promoción en terceros países, Unión de Uniones pide que se enfoque en la apertura de nuevos mercados, se extienda al mercado interior europeo con fines de fomento del consumo responsable, se facilite el acceso a pequeñas bodegas y se condicione a prácticas comerciales justas con los viticultores. Reclama que las inversiones subvencionables incluyan también a las explotaciones vitícolas, en coherencia con los objetivos ambientales de la PAC, y se prioricen los proyectos de eficiencia energética, energías renovables, certificación ambiental y gestión de residuos. Para garantizar la justicia en la cadena de valor, propone que estas ayudas se vinculen a contratos de compraventa de uva que aseguren precios justos. En cuanto a la destilación de subproductos, se cuestiona la obligación del 10% del grado alcohólico a destilerías autorizadas, al considerar que genera un mercado cautivo, proponiendo en su lugar la valorización directa de los subproductos por parte de las bodegas para fines sostenibles. En lo que respecta a la destilación de crisis, aunque prefiere la cosecha en verde, sugiere que si se activa esta medida se supedite al cumplimiento estricto de la Ley de la Cadena Alimentaria en los contratos entre bodegas y viticultores. En resumen, Unión de Uniones insta a la Comisión Europea a incorporar estas propuestas tanto en la tramitación legislativa del paquete vitivinícola como en el proceso de elaboración de la próxima PAC, advirtiendo que solo una intervención más ambiciosa, basada en la justicia, la sostenibilidad y la eficacia, podrá garantizar el futuro del sector y la viabilidad de los viticultores profesionales que lo sustentan.
Read full response10 Mar 2025
El documento que se adjunta presenta las observaciones de la Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos a la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo que modifica los Reglamentos (UE) n.º 1308/2013, (UE) 2021/2115 y (UE) 2021/2116 para reforzar la posición de los agricultores en la cadena de suministro alimentario. La organización expresa su oposición a varias disposiciones del texto normativo y propone modificaciones para garantizar una mayor protección a los productores agrícolas. Relaciones contractuales en el sector lácteo y en general (artículos 148 y 168 de la OCM) Se rechaza la exclusión de la obligación de contrato por escrito para los primeros compradores con menos de 49 empleados y menos de 10 millones de euros de facturación, ya que esto dejaría desprotegida a la mayoría de los agricultores europeos. También se critica el umbral de 10.000 euros por entrega como opción para los Estados miembros, ya que desprotegería a muchas explotaciones pequeñas. Protección frente a abusos comerciales La normativa propuesta revierte avances en la protección de los agricultores contra abusos de compradores y represalias, en comparación con la Directiva (UE) 2019/633 sobre prácticas comerciales desleales. Se insiste en que todas las compras deben formalizarse con contratos escritos y registrados, con sanciones por incumplimientos. Límites a la organización de productores (artículo 152 de la OCM) Se critica la reintroducción de límites a la concentración de agricultores organizados en un 33% de la producción nacional para todos los sectores. Se considera una restricción injusta mientras no haya un equilibrio de poder en la cadena de suministro. Control de la posición dominante en la cadena de suministro (artículo 208 de la OCM) Se propone incluir una nueva cláusula que establezca que una empresa tiene posición dominante si controla más del 10% del mercado en la fase de transformación o distribución. Conclusión La Unión de Uniones considera que la propuesta normativa representa un retroceso en la protección de los agricultores y reclama ajustes que refuercen su posición en la cadena de suministro. Se pide mayor transparencia, equidad en los contratos y eliminación de restricciones injustificadas a la organización de productores.
Read full responseMeeting with Alvise Pérez (Member of the European Parliament)
6 Nov 2024 · Agriculture and Livestock
Response to Environmental Implementation Review 2025
5 Jul 2024
La ambición ambiental de las políticas europeas, especialmente en los últimos 10 años, se ha intensificado muy significativamente. Al margen de la necesidad de responder a las cada vez mayores evidencias sobre el cambio climático, el proceso no ha sido ajeno a motivaciones políticas como: la asunción de determinados compromisos internacionales -en los que las autoridades de la UE han querido adoptar, además, un papel de liderazgo-; las presiones de grupos de interés fruto de corrientes ideológicas proteccionistas radicales que, desde un injustificado halo de superioridad ética y su impermeabilidad a la realidad del sector agrario, condicionan las decisiones de gobierno gracias a su potencia mediática. Por un lado, la ambición ambiental, en el caso de la Política Agraria Común, ha implicado la incorporación de objetivos ambientales y climáticos a sus normas, con una derivación de sus recursos financieros hacia dichos objetivos y la vinculación de los apoyos concedidos al cumplimiento de los mismos. Por otro, el Pacto Verde Europeo acordado en 2019 ha supuesto un hito fundamental en la materialización de la ambición ambiental de la UE, desbordándose en varias Estrategias, algunas de las cuales (De la Granja a la Mesa y Biodiversidad en 2020) tienen una incidencia directa e importante en el sector agrario. Debido a ello se ha configurado una política agraria más altamente exigente con los agricultores de la UE, con nuestras producciones y con nuestras formas de producir, promovida desde las instituciones europeas en la búsqueda ciegamente tenaz de un modelo más sostenible que, sin embargo, no es protegido por esas mismas instituciones frente a la competencia invasiva y desleal en los mercados de otros modelos mucho menos estrictos. Pese a la notable inversión económica y personal de agricultores y ganaderos para encajar y cumplir su función suministradora de alimentos y otros bienes públicos en el nuevo modelo establecido, este proceso ha coincidido en el período más reciente -como ya se ha apuntado antes en el presente documento- con un contexto económico marcado por las consecuencias de la postpandemia mundial de la COVID-19, del conflicto bélico ocasionado por la invasión de Ucrania por parte de Rusia y de otras tensiones internacionales que han puesto de manifiesto las rigideces de las cadenas de suministro y han trastocado los mercados energéticos y derivados, traduciéndose -entre otros muchos efectos- en el encarecimiento extremado de los inputs y la subida inflacionaria de los precios de la alimentación. Es imperioso, por lo tanto, que las autoridades europeas hagan un ejercicio de reflexión para acomodar la ambición ambiental a las nuevas realidades geopolíticas, reconsiderando plazos y objetivos y elevando el nivel de prioridad de la recuperación económica y social, en coherencia con otras políticas y agendas.
Read full responseResponse to Protection of animals during transport
12 Apr 2024
Desde Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos se considera esencial, en primer lugar, recordar que, para los ganaderos, el bienestar animal del ganado es esencial por diversos motivos. Desde el punto de vista del ganadero, un animal en buen estado es un indicador de que está realizando correctamente su trabajo. Asimismo, animales con un óptimo grado de bienestar animal resultan más fáciles de manejar, consiguiendo una realización de las tareas diarias de forma fluida. Además, un óptimo grado de bienestar animal repercute en propio beneficio del ganadero, ya que, a nivel económico, evitará pérdidas por lesiones o cuidados de animales enfermos, por ejemplo. Asimismo, en el área que ocupa la propuesta, el bienestar de los animales durante el transporte, si bien es de interés para el ganadero, a menudo deja de estar en sus manos el control de los factores que regulan el bienestar durante esta etapa, por lo que debe quedar claramente reflejado en la propuesta. Ahora bien, es esencial tener en cuenta, de cara a obtener una propuesta normativa proporcionada, que el bienestar animal es uno de varios factores y objetivos que se desean conseguir a la vez que se producen alimentos, por lo que la propuesta debe ser considerada de forma exhaustiva también desde otros puntos de vista como pueden ser el económico, el social y ambiental. A continuación, se exponen resumidamente diferentes cuestiones que hacen que la propuesta sea, desde el punto de vista de la sostenibilidad económica y social de las ganaderías y agentes de transporte, e incluso desde el propio bienestar animal, desproporcionada e insostenible, por lo que desde Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos se reclama su retirada.
Read full responseResponse to Evaluation of the Animal Health Law
3 Apr 2024
El concepto «Una sola salud» resume, según la Organización Mundial de Sanidad Animal, la interdependencia entre sanidad animal, la salud de los seres humanos y de las plantas y su vinculación asimismo con los ecosistemas en los que viven. Desde Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos se considera que el sector ganadero tiene claro que hay una interrelación entre la salud humana, del ganado y del medio ambiente, siendo, como productores de productos ganaderos, responsables de avanzar en materia de sanidad animal, más aún cuando estos avances suponen una mejora en la productividad de nuestras granjas y animales, así como de su bienestar. Ahora bien, se considera que este concepto debe derivar en unas políticas de sanidad animal que aborden Una sola salud de forma integral. En este sentido, desde el punto de vista de la gestión de determinadas enfermedades en la Unión Europea y determinados Estados miembros; en concreto en España y el complejo Mycobacterium tuberculosis; el enfoque que se está aplicando está provocando distintos ritmos de gestión de la enfermedad que impide un avance en la situación. Asimismo, las nuevas normativas aplicadas en materia de medicamentos veterinarios, antibióticos y veterinarios en la explotación están dando lugar a repercusiones negativas sobre el sector ganadero y sobre el propio bienestar de los animales. Se recogen en el documento adjunto una serie de cuestiones en torno a normas de sanidad animal o la necesidad de ellas, según el caso, que se han detectado desde el punto de vista de la producción ganadera.
Read full responseMeeting with Janusz Wojciechowski (Commissioner) and
14 Feb 2024 · ECR Spanish Delegation & Leaders of the Spanish Agri Association
Response to Unfair trading practices in the agricultural and food supply chain
29 Nov 2023
Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos (TR ID) Registro de Transparencia 643875852019-50 Tras la entrada en vigor de la Directiva (UE) 2019/633 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de abril de 2019, relativa a las prácticas comerciales desleales en las relaciones entre empresas en la cadena de suministro agrícola y alimentario; una de las obligaciones de la Comisión Europea al respecto de la misma es la evaluación de cara a efectuar un seguimiento y comprobación de la eficacia de las disposiciones contenidas en la misma de cara a conseguir sus objetivos. En el marco de esta evaluación se ha abierto una convocatoria de datos de forma que las partes interesadas pueden hacer llegar información al respecto de cómo la Directiva está determinando una mejora en las relaciones en la cadena alimentaria. En este sentido, Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos viene trabajando para mejorar la posición del primer eslabón de la cadena con respecto al resto, por lo que ha considerado oportuno responder a esta convocatoria de datos. El análisis que se realiza se ha encuadrado en el ámbito de España, analizando la Ley 16/2021, de 14 de diciembre, por la que se modifica la Ley 12/2013, de 2 de agosto, de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria; que es la Ley a través de la cual se traspone la Directiva en el ordenamiento jurídico español. Además, en el proceso de dicha trasposición, fruto de las reivindicaciones del sector agrario estatal, la Ley ha establecido disposiciones más allá de la mera trasposición de la Directiva, que tenían como objetivo reforzar la posición de los agricultores y ganaderos en la cadena agroalimentaria. Sin embargo, fruto del análisis de la organización, se considera que en dicha Ley faltaron elementos cruciales para mejorar esta posición y además las herramientas establecidas no parecen haber conseguido que los agricultores y ganaderos perciban un precio justo por su trabajo, al menos de forma significativa en cuanto a precios. Como principales conclusiones de los datos presentados, se destacan: - La Ley 16/2021 española introduce elementos no contemplados en la Directiva 2019/633 y errores en la trasposición de la misma, hecho que esta organización ya ha denunciado a la Comisión Europea. - El aumento de las capacidades y funciones de las autoridades de ejecución, en este caso de la AICA O.A., no ha venido acompañado de un aumento en las asignaciones presupuestarias o la ejecución de las mismas, que le permita desarrollar dichas responsabilidades, así como deficiencias en la coordinación entre autoridades de ejecución. - La Ley 16/2021 incluye disposiciones que van más allá de lo dispuesto en la Directiva 2019/633; que se han presentado al sector como una gran herramienta de protegerse frente a los eslabones superiores de la cadena, como la necesidad de que en los contratos el precio pagado supere los costes de producción, sin embargo, en la aplicación de la Ley se han establecido mecanismos que han entorpecido la efectiva aplicación de esta disposición. - El régimen sancionador de la Ley 12/2013 no parece estar modulado de forma que las sanciones que se interponen tengan un carácter disuasorio. - En el proceso legislativo se pudieron haber considerado propuestas que suponían herramientas de importancia que contribuirían a reequilibrar la relación entre eslabones de la cadena e impedirían la destrucción de valor dentro de la misma que, sin embargo, no fueron incluidas en los textos reguladores.
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